Lunes 18.03.2019

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28/02/2019

Columnas y Opinión

POR MARIANA ROMERO

Paulina Lebbos , el huracán que se avecina

En Tucumán, las causas se archivan y van prescribiendo como quien pasa del sueño a la muerte, sin escándalo. Los sobrevivientes de los crímenes, padres, esposas, hermanos de los muertos, se van haciendo parte del paisaje de Tribunales como árboles añosos, plantados ahí, a la vista de todos, sin que ya nadie se pregunte por qué. El destino que la justicia, la Policía y el gobierno de José Alperovich habían elegido para el crimen de Paulina Lebbos era ese: un misterio irresuelto que, con el tiempo, se iba a ir acomodando en la historia somnolienta de los crímenes pasados, viejos, sobre los que nadie nunca más pregunta. Pero algo les salió mal.

El lunes por la noche, altas autoridades de seguridad de la provincia fueron condenadas a penas de hasta seis años por encubrir al asesino de Paulina. El ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, el ex jefe y subjefe de la Policía, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera y el ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito salieron esposados, escoltados por la Federal de la sala de juicio que los había tenido un año entero sentados en el banquillo de los acusados, escudriñando punto a punto su actuación en el crimen.


El destierro de un padre


Los encubridores eran, en 2006, los hombres más poderosos de Tucumán, hacían y deshacían los destinos de la seguridad en la Provincia. Alberto Lebbos, mientras tanto, iba pasando de ser el “compañero” de la Casa de Gobierno a una suerte de paria condenado a dar vueltas a la plaza en reclamo de justicia por su hija.


Apenas desaparecida Paulina, Lebbos tenía una oficina en el palacio de Gobierno y acceso a los despachos de los funcionarios. Llegaba hasta el mismísimo José Alperovich, gobernador de inusual acumulación de poder. Mientras el padre se iba dando cuenta de que nadie buscaba a su hija, también iba cayendo en desgracia a los ojos del oficialismo. Le palmeaban la espalda, le mentían operativos y le expresaban su solidaridad mientras iban armando el plan perfecto para que nunca se sepa el nombre del asesino. La renuncia de Lebbos a su cargo de Subsecretario de la Juventud era cantada y terminó de acomodar los melones en el carro del encubrimiento que ya estaba en marcha y que, nadie dudaba, iba a funcionar a la perfección hasta enterrar el crimen en el olvido.


Lebbos, tras presentar las pruebas del encubrimiento a la Justicia y al mismísimo gobernador, pasó al destierro. Sin cargo y con los funcionarios denunciados, mudó su ámbito de lucha a la plaza Independencia. El hombre que hoy es reconocido en cada rincón de la provincia pasó a ser entonces menos que un ciudadano de a pie ante los ojos de quienes le habían mentido que se estaban ocupando del tema. Y todos los poderes del Estado intervinieron en esta suerte de muerte civil.


A poco de aparecer el cuerpo destruido de Paulina (destrozado, como si el odio le hubiera querido quitar a tarascones parte de su humanidad), comenzó a funcionar en Tucumán la Asamblea Constituyente que, bajo la batuta del hoy gobernador Juan Manzur, daría a luz la nueva constitución de la provincia. El primer día, la bancada del Partido Obrero propuso que se formase una comisión independiente para la investigación del crimen que ya, a todas luces, mostraba claros signos de encubrimiento. ¿Quién, con dos gramos de corazón de padre y de conciencia cívica podría negarse a crear un órgano que investigue una muerte tan atroz? Todos. Absolutamente todos los constituyentes del oficialismo se opusieron. La comisión nunca se creó y la causa comenzaba, así, a andar los oscuros caminos de la burocracia criminal.


Al mismo tiempo, el fiscal Carlos Albaca le quitaba a Lebbos el rol de querellante en la causa. Ya no podría tener acceso al expediente, proponer medidas ni saber cómo avanzaba la investigación. Le dio esa investidura a César Soto, el novio de Paulina que durante cinco años no había querido reconocer legalmente a la hija que había tenido con ella. El trámite de Soto fue más que sencillo: pasó por el Registro Civil, dijo que era el padre de la niña, llegó a Tribunales, asumió el rol de querellante y nunca más preguntó por el caso. Y, como si eso fuera poco, desde la Legislatura le dieron un cargo y un sueldo por el que nunca iba a tener que trabajar. Soto, después de años de no ejercer oficio alguno, de vivir de los ingresos de Paulina, de vagar por Villa 9 de Julio en busca de drogas y de asistir rigurosamente a la cancha a alentar a Atlético, de pronto pasó a ser empleado legislativo, padre de familia y querellante en la causa más sensible del momento. No hizo siquiera el intento de ejercer alguna de esas tres condiciones.


Sin su cargo en la casa de Gobierno, sin su rol de acusador particular en la causa, sin hija y ya sin esposa –Rosa, la mamá de Paulina, apenas la sobrevivió un año-, probó suerte en la Legislatura. Lo molieron a golpes en plena sesión, a la vista de todos los legisladores. Quedaron, como testigos de esa golpiza, las fotos en las que aparecen los agresores a su lado, minutos antes de que la Legislatura les facilitara una puerta para salir, sin que nadie les pregunte nada. En las imágenes, a Lebbos se le ven los moretones.


Los siguientes siete años fueron iguales. El caso había entrado en un virtual secreto de sumario, jamás declarado, pero siempre respetado en el mostrador de la fiscalía de Albaca. En aquellos tiempos, cuando uno se lo encontraba a Lebbos en la calle y le preguntaba cómo iba la causa, la respuesta era la misma “hace muchos años que no me dejan verla”. Los martes, en la plaza, seguían realizándose las marchas. Hubo una en que sólo fueron dos personas: don Alberto y una joven estudiante de artes, Jéssica Morillo, ambos bajo la lluvia y sosteniendo a duras penas la bandera con las fotos de las víctimas de la impunidad.


Los tres poderes del Estado habían cerrado el círculo del silencio. Pero faltaba un ámbito en el cual se debía imponer el olvido: la opinión pública. Y ahí es donde todos los intentos fallaron.


Atacar a la víctima


La primera reacción de José Alperovich fue culpar a la nocturnidad. Así, como suena, eliminar la noche por decreto. Ordenó que todos los locales nocturnos cerrasen a las 4 de la mañana. La medida fue un desastre total: el Tucumán históricamente nocturno se llenó de jóvenes expulsados de los boliches a esa hora, en la que no circulaban los colectivos, peleando por conseguir taxis o, directamente, emprendiendo el regreso a los barrios a pie. Pero la juventud es siempre, por definición y salud, porfiada en eso de perseguir la alegría. Comenzaron a pulular los llamados “afters”. Eran reuniones clandestinas, realizadas sin ningún tipo de seguridad y en locales de lo más diversos. El fenómeno, además, se convirtió en un negocio redondo de dos patas: por un lado, generaba ingresos libres de impuestos y a precios exorbitantes a los organizadores y, por el otro, infló de manera desmedida las arcas del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). El organismo, creado originalmente para combatir la adicción, se transformó en un agente recaudador, una suerte de brigada nocturna a la caza de botines de lo más diversos. Mientras implementaba multas a diestra y siniestra a los locales que violaban la “Ley de las 4AM”, secuestraba bebidas, instrumentos musicales, equipos de sonido y de luces. Comenzaron entonces a conocerse las denuncias por la brutalidad policial contra los asistentes: golpes, latigazos, detenciones y apremios ilegales. Y, a todo esto, Paulina había desaparecido a plena luz del día.


En esos días se instaló una hipótesis que nadie sabe de dónde surgió –o, por lo menos, no se lo puede probar- y que se terminó instalando como un mito urbano: Paulina, drogada o borracha, bailaba en una mesa, se cayó y murió de un golpe en la cabeza. Poco importaba que las dos autopsias que se le practicaron hayan determinado no sólo que no tenía ningún golpe en el cráneo, sino que había sido asfixiada manualmente hasta morir. Pero la idea de una joven hermosa bailando en medio de la noche y muriendo por su propia culpa, de manera accidental, eliminaba la idea del homicidio. Y si no había homicidio, no había a quien encubrir. Las ideas conspiranóicas de Lebbos eran, entonces,  absurdas.


La sentencia que, 13 años más tarde, condenó a los altos mandos de la seguridad de la provincia le dio la razón a Lebbos. La cúpula de la Policía y el secretario de Seguridad estaban encubriendo a un asesino. Y uno no se juega la carrera para encubrir a un pobre diablo. Tampoco se juega la libertad.


Lo imposible


A principios de 2013, pasados siete años del crimen, parecía imposible siquiera poder echarle un vistazo al expediente. Imaginar a los funcionarios, aunque sea, teniendo que presentarse en Tribunales a responder preguntas parecía un sueño que sólo podía imaginar un Quijote. A Lebbos lo rodeaba un ejército de pobres sin plata para abogados ni para el boleto para ir a la fiscalía, pero con el mismo dolor: le habían matado a un familiar. Todos los martes, sin falta, marchaban alrededor de la plaza independencia. A veces hacían acciones de protesta en la puerta de tribunales y conseguían que a alguno lo atendiera algún fiscal. Nunca le tocaba a Don Alberto.


Entonces, la Nación designó al abogado Bernardo Lobo Bugeau para que compulsara el expediente e hiciera un informe. Las conclusiones fueron lapidarias. Luego, todo sucedió imparable, a un ritmo vertiginoso. Lebbos anunció a la prensa que tenía pruebas para aportar a la causa pero no las iba a entregar al fiscal Albaca, que había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia en su intento por mantenerlo fuera de la querella. Había fallado, pero, en los hechos, no le mostraba el expediente, porque estaba totalmente paralizado. Albaca fue apartado de la causa a mediados de año y asumió un nuevo actor: el recientemente designado fiscal de la IV Nominación Diego López Ávila. Nadie confiaba mucho en él al principio (resabios de los años de recelo contra el Ministerio Público Fiscal), ni aun cuando juró que iba a dejar la vida para resolver el caso. Pero a los pocos días, el nuevo investigador mandó a levantar pisos de los sitios donde podría haber estado Paulina (esto es literal, desarmó hasta pozos ciegos para ver si encontraba aunque sea un cabello suyo), reactivó todas las hipótesis y ordenó medidas de prueba para profundizarlas, valiéndose de las fuerzas federales porque, se sabía, en la Policía provincial no se podía confiar. Ordenó el cruce de llamados telefónicos y, junto a su equipo, se puso a la titánica tarea de ordenarlas. Comenzó a reconstruir lo que había hecho cada uno de los actores esa noche. También comenzó a escudriñar a las autoridades de Seguridad.  Hacia fin de año, tenía dos detenidos acusados de haber usado el celular de Paulina y un policía de alto rango también preso, acusado de encubrimiento: Brito, el jefe de la Regional Norte. El proceso estaba en marcha en pocos meses.


El resto de los encubridores tuvo que llegarse a Tribunales para ser interrogados. Trajeados e indignados, Sánchez y Di Lella tuvieron que prestar larguísimas declaraciones en la fiscalía. Y todo esto ocurrió mientras José Alperovich todavía gobernaba, era amo y señor de la provincia y se pavoneaba de ser apañado por el Gobierno nacional.


El resto es historia reciente y conocida: las pruebas fueron tan contundentes que, hoy, los encubridores duermen tras las rejas.


Feliz sí, final no


Ver salir esposados a quienes encubrieron al asesino de Paulina fue la victoria de David contra Goliat. La lucha siempre había sido despareja: de un lado, Lebbos y su Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad y, del otro, un gobierno caracterizado por una acumulación de poder desmedida, que incluía a una Legislatura automática y a una Justicia “planchadora” de causas contra el poder.


El juicio comenzó 11 años, 11 meses y 11 días después de la desaparición de Paulina. Entonces, un personaje de bajísimo perfil que siempre había acompañado a Lebbos comenzó a desplegar, ante el tribunal, la prensa y la mirada social, un arsenal de pruebas prolijamente registradas y esquematizadas. Emilio Mrad no sólo era el abogado de Alberto, habían sido amigos en la infancia y no se habían vuelto a ver. Cuando Paulina desapareció, Lebbos lo fue a buscar para pedir ayuda. Nunca más se separaron. La historia de la amistad entre ambos merecería una nota aparte, más humana y esperanzadora. Estratega y de pocas palabras, Mrad intervino poco y de manera precisa, aunque a veces levantó la voz y la hizo tronar en la sala de audiencias.


La sentencia que emitió por unanimidad el tribunal, integrado por los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto no solo echó luz sobre los hechos que se juzgaban y la responsabilidad de quienes estaban siendo acusados. Abrió una puerta a futuras investigaciones que pueden resultar todavía más revolucionarias que las que ya conocemos.


Las 139 audiencias, los 195 testigos que declararon y los kilos y kilos de prueba documental que se incorporaron revelaron la comisión de más delitos de los que se conocía hasta el momento. Además,  generaron sospechas fundadas sobre la participación de, al menos, otras 14 personas en el encubrimiento. Entre ellos, el ex gobernador José Alperovich.


Fue él quien firmó los ilegítimos trámites de reincorporación y ascenso de Enrique García, el policía a cargo de la comisaría de Raco, que hoy pasa sus días en la cárcel de Villa Urquiza, condenado en 2013 por encubrir el crimen. Cuando el gobernador lo acogió y lo premió, ya sabía del delito que había cometido García. De hecho, en 2006 había dicho a la prensa que “realmente, lo que han hecho en la comisaría de Raco, el comisario y el subjefe… han estado presos; eso no es protección, han estado presos y tienen que quedar presos porque esas personas, al falsificar un instrumento público es lo más grave que puede haber”(sic).


Alperovich fue llamado, pero ni siquiera se presentó al juicio a declarar por qué ascendió a García. Llegó hasta la Corte Suprema para evitar comparecer y presentó un escrito monosilábico. Ahora, será indagado como sospechoso de haber encubierto al asesino. También lo harán el actual jefe de Policía, José Díaz y todos los que intervinieron en ese proceso.


La bioquímica Lilia Moyano, que estuvo a cargo de la recolección y resguardo de pruebas también será indagada como posible encubridora del crimen. Más allá de la penosa, desastrosa –faltan los adjetivos- actuación durante el hallazgo del cuerpo, destruyó pruebas en 2013 sin pedir permiso a la fiscalía. A su favor, Moyano dijo que ya no servían, pero eso es algo que se deberá comprobar.


Tres comisarios retirados, especialistas en investigaciones criminales también serán investigados como encubridores: Marcial Escobar, Alfredo Jiménez y Luis Santana; junto a todos los que intervinieron en su –al menos- llamativa e insólita contratación para intervenir en el caso. Su investigación sólo tomó un rumbo, el de una pista falsa.


El líder de la barra brava de Atlético, Gustavo González, el empresario Rubén Urueña y el médico perito de la policía Fernando Vázquez Carranza completan la lista. Ninguno es un don nadie.


Ahora, los asesinos


Roberto Gómez no asesinó a Paulina Lebbos, ni participó del crimen. Es lo que determinó la sentencia. Que la compañía de telefonía celular informara que su chip fue puesto en el aparato de la víctima a pocas horas de su desaparición, además de un uso regular durante cinco años del aparato con líneas vinculadas al imputado no fueron prueba suficiente para vincularlo al homicidio. Si no fue Gómez ¿quién la mató?


Es posible que haya sido Sergio Kaleñuk, hijo del ex gendarme Alberto Kaleñuk, por aquellas épocas, secretario privado de Alperovich. Así lo entendió el tribunal, que ordenó investigarlo por la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Paulina. Esta posibilidad vuelve la mirada sobre la hipótesis de los “hijos del poder”. También es posible que haya sido César Soto, novio de Paulina, quien deberá afrontar la misma investigación. ¿Tienen algo que ver el hijo de una de las personas más poderosas de Tucumán con un joven desempleado y hasta entonces sin ningún vínculo visible con la Casa de Gobierno? Sí: el club Atlético Tucumán y su barra brava. Soto, que se define como “hincha fanático”, fue señalado como miembro –o, al menos, frecuentador- de la barra y Kaleñuk, en esos días y según sus propios dichos, se encargaba de la seguridad en los partidos y mantenía contactos con miembros de la hinchada.


Un huracán


Toda esta tarea que comienza estará a cargo, nuevamente, del fiscal López Ávila, que ya investiga a 11 personas por falso testimonio durante el juicio que pasó. Pero las circunstancias ya no son las mismas que cuando desempolvó un viejo expediente paralizado y casi secreto en 2013.


Hoy, se saben muchas cosas: que una mujer tiene derecho a volver viva a su casa, que ya no está permitido indagar en detalles de su vida que justifiquen su horrible muerte y se sabe también que los hombres más poderosos de la provincia se jugaron la carrera y la libertad para encubrir al asesino.


Pero, sobre todo, se sabe que lo imposible, a fuerza de lucha sostenida, se vuelve posible. El juicio que se viene será un huracán.




Mariana Romero


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