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12/03/2019

Tucumán

Caso Lucía

"En el caso 'Lucía' hubo violencia institucional, ella tenía derecho a interrumpir el embarazo"

Periódico Móvil entrevistó a Macario Santamarina, el abogado que patrocina la denuncia contra la Fiscal Adriana Giannoni por coacción y abuso de autoridad. El abogado asegura que los médicos del Hospital del Este se sintieron amenazados por la fiscal para no realizar la cesárea.

El caso de la niña de 11 años que cursaba un embarazo producto de una violación generó otro cimbronazo en el debate público luego de que se conociera ayer la denuncia penal que un grupo de abogados autoproclamados “providas” realizaron contra José Alberto Gijena y Cecilia Ousset, los médicos que realizaron una cesárea a la niña para interrumpir el embarazo. Los profesionales fueron denunciador por homicidio calificado.

La semana pasada la Diputada Nacional María Teresita Villavicencio (UCR) presentó una denuncia penal contra la Fiscal Adriana Giannoni por sus actuaciones en el caso. La denuncia se realizó a partir de las declaraciones de la Ministra de Salud de la Provincia, Rossana Chahla, quien aseguró en conferencia de prensa que la Fiscal especializada en homicidios envió un oficio a la Directora del Hospital del Este para impedir que se realice la cesárea.

Periódico Móvil entrevistó a Macario Santamarina, el abogado que patrocina a Villavicencio, para conocer detalles de la denuncia y despejar dudas acerca de por qué el sistema de salud debió autorizar la ILE sin ningún tipo de obstáculo.

Si bien la provincia de Tucumán no cuenta con un protocolo de actuación para estos casos, el abogado aseguró que esto no es motivo para que desde el Estado se le niegue a la víctima el acceso a la ILE. “El fallo FAl exhorta a las provincias a crear un protocolo. Los tiempos para los cuales es recomendable un aborto propiamente dicho o una cesárea es una cuestión médica, estipulada en un protocolo, pero la víctima de un abuso sexual tiene el derecho de interrumpir su embarazo. El modo en que se realizará la práctica dependerá de cuestiones médicas, pero nunca se le puede negar ese derecho. Por eso la Corte Suprema exhorta a hacer un protocolo y no lo hace la Corte misma”, indicó Santamarina.

Antes del fallo FAL, explicó el letrado, una víctima de abuso tenía primero que realizar la denuncia en la fiscalía. Una vez que se daba con el presunto abusador y se comprobaba la veracidad de la denuncia, se evaluaba el caso y se pedía autorización de un juez para realizar la práctica. Todo ese trámite podía llevar hasta siete meses. A partir del fallo FAL, la Corte Suprema establece que la víctima debe realizar una declaración jurada en un hospital, y esa sola declaración le da derecho a la ILE. Posteriormente, la víctima puede realizar o no la denuncia penal en la fiscalía correspondiente.

“Es más, la Corte prevé la posibilidad de que la mujer mienta que haya sido abusada para conseguir la ILE. En estos casos, el máximo tribunal dice que ‘es un riesgo que debemos asumir’”, informó el abogado.

Una vez realizada la práctica de interrupción del embarazo, la mujer no está obligada a realizar la denuncia penal, ¿por qué?, porque el abuso sexual es un delito que depende de instancias privadas. Es decir, si un fiscal competente toma conocimiento de una persona que sufrió abuso no puede actuar de oficio sin la previa denuncia de la víctima.

Por otro lado, Santamarina ahondó en las prácticas que se llevaron adelante desde el sistema de salud para inducir a la niña a cambiar de opinión, aun cuando ya había manifestado ante las autoridades del hospital y de la justica su deseo de interrumpir el embarazo: “en el caso “Lucía” se llevaron adelante una serie de prácticas enmarcados en violencia institucional. Antes los casos de abortos no punibles se judicializaban para evitarlos. Ahora los mecanismos de violencia institucional son más sutiles. Por ejemplo, se trata de inducir a la víctima para que no tome la decisión de interrumpir su embarazo. Para esto es necesario que exista un protocolo en la provincia, para que el sistema de salud garantice el derecho de una víctima de abuso sexual de acceder a un aborto no punible”, aseguró.

En el Hospital del Este, donde le realizaron la cesárea a la niña, todos los médicos se declararon objetores de conciencia, a pesar de que dos profesionales de ese nosocomio no son objetores. ¿Por qué entonces tuvieron que llamar a dos médicos externos al hospital para realizar la cesárea? Porque la Fiscal Especializada en Homicidios, Adriana Giannoni, envió un oficio a la Directora del Hospital solicitándole que no realicen la cesárea a la niña de 11 años.

“Los médicos no objetores decidieron no actuar por miedo. La Fiscalía Especializada en Homicidios no tuvo ningún motivo para intervenir en este caso. Y no era su competencia, ya que no existe bajo ningún punto de vista la presunta comisión del delito de homicidio. Entendemos que el oficio enviado por la Fiscal Giannoni es una amenaza velada. Básicamente, el mensaje fue: ‘si hacen la cesárea yo los voy a investigar por homicidio’. Pero la fiscal no es ignorante del derecho, ella sabe perfectamente que esa práctica está justificada”, ratificó.

Y continuó: “la niña quería interrumpir su embarazo, era su derecho. Y los médicos tenían la obligación de hacer el aborto, y no lo hicieron porque tenían miedo, y con justa razón: no es normal que la fiscal de homicidios te mande un oficio coaccionándote para que no realices la práctica”.

El letrado indicó que, aunque en Tucumán no exista un protocolo, el aborto no punible es un derecho de jerarquía constitucional, y un derecho de este tipo no puede estar sujeto a reglamentación provincial.

Además, se refirió a las responsabilidades penales concretas, tanto de los profesionales médicos como de la fiscal Giannoni: “si la fiscal no amenazó a los médicos como se dijo, ellos (los médicos) hicieron abandono de persona e incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos; si la fiscal efectivamente los amenazó, le cabe la imputación por coacción agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, explicó.

La denuncia presentada por la Diputada Nacional Teresita Villavicencio ingresó el viernes 8 de marzo. “Ahora dependerá de la presión social para que la denuncia prospere. La Ministra de Salud dijo que está todo documentado, entonces tendrá que mostrar esos documentos que prueban la coacción de la fiscal”, finalizó el abogado.



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