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08/07/2018

Tucumán

INVESTIGACIÓN

Un fiscal desbarató una peligrosa banda que sembraba el terror en Tafí Viejo

La organización operó durante, al menos, 15 años en Tafí Viejo. A punta de pistola, obligaban a las personas a firmar ventas y cesiones fraudulentas en escribanías. Las amenazas ocurrían a plena luz del día y a la vista de todo el mundo. Todas estas acusaciones, formuladas por la Fiscalía IV, fueron elevadas a juicio hace dos días

Por Mariana Romero y José Inesta


Juan Carlos Ortiz llegó a la casa de Carolina Amargos y le pidió pasar al baño. Cuando estuvo adentro, le explicó que venía a buscarla para que firme la sesión un vehículo en favor de él. Alzó al hijo de la mujer, sacó un arma y la obligó a subir a un auto junto su otra hija. Los llevó a una escribanía del centro. “Antes de bajar, me dice que tenía que sonreír y que no vaya a cometer ningún error y que firme como corresponde”, cuenta ella. Bajaron los cuatro: el hombre con el niño en brazos y ella con la nena de la mano. Firmó todo lo que le pusieron al frente. Ortiz tuvo la deferencia de llevar a la familia de vuelta a su casa. En el camino, le dijo que si quería seguir viviendo se quede “calladita” y que no haga ninguna denuncia. Total, nadie le iba a creer.
El relato forma parte del requerimiento de elevación a juicio que el fiscal Diego López Ávila realizó el viernes contra el clan conocido como “Los Reynoso”, de Tafí Viejo. La denuncia de la mujer es uno de los 24 hechos que se le imputan a la banda que, según las víctimas, sembró el terror en esa ciudad desde hace al menos ocho años. Y todo, con la presunta complicidad de la Comisaría local.
Fiscal Diego López Ávila
El caso se perfila como una verdadera megacausa que tiene nueve imputados y más de 34 víctimas. Está plagado de testimonios que develan un patrón de conducta: una relación de confianza, una propuesta comercial, una estafa y, luego, la violencia. Hombres, mujeres y hasta un bebé con un arma en la cabeza, tiroteos a las casas de las víctimas, persecuciones en auto y amenazas en cualquier lado, hasta en la puerta de una dependencia policial. En el medio, casas, autos y hasta armas de fuego que pasaban de sus legítimos dueños a los miembros del clan.
La punta del iceberg
Todo comenzó en abril de 2016, cuando una mujer, Natalia Moyano, dijo en la Fiscalía IV que sospechaba que su padre había sido asesinado para despojarlo de sus bienes. Contó además que no era el único caso, que Tafí Viejo estaba lleno de personas que habían perdido sus casas y autos en manos de esta banda capaz de amenazar a las víctimas con armas a plena luz del día. Y que había denuncias, muchas, que nunca habían prosperado.
Natalia Moyano. Foto: José Inesta
El fiscal López Ávila resolvió entonces pedir a las otras fiscalías todas las causas que se hayan iniciado contra miembros de este grupo: eran, al menos, 15. Todas mostraban una metodología similar de acción y apuntaban contra las mismas personas: los Reynoso y sus allegados.
En septiembre de 2017, tras más de un año de investigación, se ordenó un mega operativo de nueve allanamientos en Tafí Viejo. Se secuestraron al menos diez autos de alta gama, boletos de compraventa y gran cantidad de dinero en efectivo. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por las sospechas de complicidad con la Policía de la Provincia. Se encontraron 22 denuncias radicadas en la Comisaría por amenazas con armas de fuego, aprietes, robo de propiedades y estafas. Y dos prescriptas, una de ellas por homicidio en grado de tentativa. Cayeron presos cuatro miembros de la organización. López Ávila pidió públicamente a las personas que hubieran sido víctimas que se acerquen a la fiscalía a declarar.
Y se acercaron. Cuando el tema tomó estado público y se produjeron las primeras detenciones, comenzaron a llegar más víctimas. El requerimiento de elevación a juicio menciona a 34, pero destaca que son más. Habían hecho las denuncias en la comisaría de Tafí Viejo, pero muchas nunca habían llegado a la Justicia. Se allanó la seccional y allí se encontró el resto de la documentación. Algunas habían prescripto “cajoneadas” en algún escritorio policial, descubrió el fiscal.
Comisaría de Tafí Viejo
Relatos del horror
La historia de Carolina, el hombre que le pidió pasar al baño y la secuestró junto a sus hijos para robarles un auto no es la única, ni la más aterradora. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, 24 hechos similares son achacados a la presunta banda, liderada por Luis Rubén Reynoso (79), sus tres hijos y cinco personas más. Las víctimas eran elegidas con cuidado, indica el documento, procurando que sean personas ancianas o en situación de vulnerabilidad. Y la forma de actuar, siempre parecida.
Estos son algunos, siempre según la versión de la fiscalía:
- Desde 2011, Juan Carlos Ortiz (imputado en la causa) comenzó a visitar a una anciana y su hijo y se ganó su confianza. Intentó convencerlos de vender su casa a Luis Rubén Reynoso (hijo) pero, como no pudo, comenzaron las amenazas. No sólo les demostró que la familia interesada en el inmueble era poderosa sino que, además, tenía vínculos con la Policía. Finalmente, se lo transfirieron por $ 20.000 que, encima, nunca fueron pagados. Más tarde, avanzaron sobre el resto de las propiedades que madre e hijo tenían para heredar por $ 65.000 que tampoco fueron abonados. Todo quedó documentado.
- En 2014 comienza la relación de confianza con otra de sus  víctimas, Sergio Silva. Ortiz lo convence de comprar una propiedad de los Reynoso (que le habían robado a la anciana y su hijo) pero le dice que, como no le iban a vender a él, se ofrecía a comprarla y después transferírsela. Obtiene $ 100.000 para la operación. Más tarde, le ofrece otra casa y Silva le da $ 80.000 para la seña. Ninguna de las operaciones se concreta. Ante los reclamos de la víctima, recibe una visita en su casa que le pone una pistola en la cabeza y le advierte que no haga la denuncia. Más tarde, lo encierran con un auto y amenazan con matar a su hijo.
- Año 2010. Carlos Horacio Reynoso alquilaba una propiedad a Horlando Piza, con quien existía un vínculo de confianza de larga data.  Decidió dejar de pagarle el alquiler y le avisó que, si alguien intentaba acercarse al lugar, le pegaría un tiro en la cabeza. Como los reclamos continuaron, visitaron a Piza y le balearon la casa. Semanas después, volvieron, para advertirle que lo iban a “quebrajear”. La pesadilla de Piza no terminó ahí. En  2013, otro de los Reynoso se paró en un semáforo a la par de la cuñada del hombre, la apuntó con un arma y le dijo que la mataría si no cesaban en sus reclamos. Dos años más tarde, volvieron a buscarla y, esta vez, apuntaron contra un bebé que su sobrina tenía en brazos. Ella se puso en el medio. Ese mismo día, la fueron a buscar a su casa y la molieron a golpes.
- En enero de 2016, el policía José Augusto Méndez atropelló accidentalmente a una persona allegada a los Reynoso. Ellos se presentaron en el lugar, lo golpearon y le robaron el arma reglamentaria. Le dijeron que no la trate de recuperar porque iban a prenderle fuego la carnicería de su novia. El policía informó del hecho, especialmente del robo del arma. Entonces, en junio, cuando él y su pareja estaban en la Fiesta Patronal de San Antonio, volvieron a buscarlo y, pese a que existía una orden de restricción, lo amenazaron a los gritos delante de todo el mundo. Seis meses más tarde, la pareja volvió a ser amenazada  punta de pistola, esta vez en la puerta de la Unidad Regional Norte.
No sólo casas
Las operaciones para apropiarse de vehículos que se mencionan en la causa son más abundantes y violentas. Muchas se hicieron a través de avisos clasificados: ofrecían vehículos en venta y, cuando aparecía un comprador, los entregaban con la documentación incompleta. Luego lo recuperaban, sencillamente poniéndoles a los compradores un arma en la cabeza. A veces, compraban ellos, no pagaban y conseguían que se complete la transferencia a punta de pistola.
Lo increíble de estas historias de estafa y amenaza es que, en su mayoría, quedaron plasmadas en numerosa documentación, que terminó adjuntada a la causa a modo de prueba. Muchas de las transferencias se hicieron en escribanías, a donde llegaban las víctimas en un estado de indefensión y terror por las amenazas que habían sufrido ellos y sus familiares. Y firmaban todo, a veces, por montos visiblemente irrisorios.
Los miembros
La banda, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, era liderada por Reynoso padre; sus tres hijos Luis Rubén, Gustavo Gabriel y Carlos Horacio; Juan Carlos Ortiz (que aparece en muchos casos como el iniciador de las estafas y también como apretador) y Atilio Alejandro Gazolla. Todos están acusados de amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, estafas y extorsión.
La organización se completa –siempre de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía- con María Ester Bonet, acusada por estafas; Adrián Ernesto Parajón; imputado por robo calificado y José Alfredo Triviño, el único miembro del grupo que espera el juicio en libertad. Los nueve están acusados de asociación ilícita.
La impunidad
La investigación, desde la primera denuncia ante López Ávila, llevó algo más de tres años y logró reunir pruebas abundantes en contra de la organización, especialmente documentales y testimoniales. Los relatos de las víctimas y testigos en la causa dan cuenta de la sensación de pánico que infundían en la ciudad de Tafí Viejo y recuerdan a la forma de accionar del temido Clan Ale que, durante décadas, operó en todo el territorio de la provincia.
¿Cómo puede haber robado, estafado, amenazado y golpeado esta banda, durante tantos años a tantas personas sin que la situación estalle en Tribunales? La Fiscalía tiene una hipótesis bien definida: la impunidad con la que se manejaban proviene de los contactos que estos presuntos delincuentes tenían en la Comisaría de Tafí Viejo Centro; que no sólo “cajoneaba” las denuncias, sino avisaba a los Reynoso sobre allanamientos y medidas en su contra.
Por la cantidad de imputados y de víctimas, la gravedad de los delitos y las posibles conexiones de los supuestos delincuentes con la Policía, el caso se perfila como una verdadera megacausa que, si llega a juicio oral, concentrará la atención de todo Tafí Viejo y, seguramente, de la Provincia

Juan Carlos Ortiz llegó a la casa de Carolina Amargos y le pidió pasar al baño. Cuando estuvo adentro, le explicó que venía a buscarla para que firme la sesión de un vehículo en favor de él. Alzó al hijo de la mujer, sacó un arma y la obligó a subir a un auto junto su otra hija. Los llevó a una escribanía del centro. “Antes de bajar, me dice que tenía que sonreír y que no vaya a cometer ningún error y que firme como corresponde”, cuenta ella. Bajaron los cuatro: el hombre con el niño en brazos y ella con la nena de la mano. Firmó todo lo que le pusieron al frente. Ortiz tuvo la deferencia de llevar a la familia de vuelta a su casa. En el camino, le dijo que si quería seguir viviendo se quede “calladita” y que no haga ninguna denuncia. Total, nadie le iba a creer.

El relato forma parte del requerimiento de elevación a juicio que el fiscal Diego López Ávila realizó el viernes contra el clan conocido como “Los Reynoso”, de Tafí Viejo. La denuncia de la mujer es uno de los 24 hechos que se le imputan a la banda que, según las víctimas, sembró el terror en esa ciudad desde hace al menos ocho años. Y todo, con la presunta complicidad de la Comisaría local.

Fiscal Diego López Ávila

El caso se perfila como una verdadera megacausa que tiene nueve imputados y más de 34 víctimas. Está plagado de testimonios que develan un patrón de conducta: una relación de confianza, una propuesta comercial, una estafa y, luego, la violencia. Hombres, mujeres y hasta un bebé con un arma en la cabeza, tiroteos a las casas de las víctimas, persecuciones en auto y amenazas en cualquier lado, hasta en la puerta de una dependencia policial. En el medio, casas, autos y hasta armas de fuego que pasaban de sus legítimos dueños a los miembros del clan.


La punta del iceberg

Todo comenzó en abril de 2016, cuando una mujer, Natalia Moyano, dijo en la Fiscalía IV que sospechaba que su padre había sido asesinado para despojarlo de sus bienes. Contó además que no era el único caso, que Tafí Viejo estaba lleno de personas que habían perdido sus casas y autos en manos de esta banda capaz de amenazar a las víctimas con armas a plena luz del día. Y que había denuncias, muchas, que nunca habían prosperado.

El fiscal López Ávila resolvió entonces pedir a las otras fiscalías todas las causas que se hayan iniciado contra miembros de este grupo: eran, al menos, 15. Todas mostraban una metodología similar de acción y apuntaban contra las mismas personas: los Reynoso y sus allegados.

En septiembre de 2017, tras más de un año de investigación, se ordenó un mega operativo de nueve allanamientos en Tafí Viejo. Se secuestraron al menos diez autos de alta gama, boletos de compraventa y gran cantidad de dinero en efectivo. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por las sospechas de complicidad con la Policía de la Provincia. Se encontraron 22 denuncias radicadas en la Comisaría por amenazas con armas de fuego, aprietes, robo de propiedades y estafas. Y dos prescriptas, una de ellas por homicidio en grado de tentativa. Cayeron presos cuatro miembros de la organización. López Ávila pidió públicamente a las personas que hubieran sido víctimas que se acerquen a la fiscalía a declarar.

Y se acercaron. Cuando el tema tomó estado público y se produjeron las primeras detenciones, comenzaron a llegar más víctimas. El requerimiento de elevación a juicio menciona a 34, pero destaca que son más. Habían hecho las denuncias en la comisaría de Tafí Viejo, pero muchas nunca habían llegado a la Justicia. Se allanó la seccional y allí se encontró el resto de la documentación. Algunas habían prescripto “cajoneadas” en algún escritorio policial, descubrió el fiscal.

Comisaría de Tafí Viejo

Relatos del horror

La historia de Carolina, el hombre que le pidió pasar al baño y la secuestró junto a sus hijos para robarles un auto no es la única, ni la más aterradora. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, 24 hechos similares son achacados a la presunta banda, liderada por Luis Rubén Reynoso (79), sus tres hijos y cinco personas más. Las víctimas eran elegidas con cuidado, indica el documento, procurando que sean personas ancianas o en situación de vulnerabilidad. Y la forma de actuar, siempre parecida.

Estos son algunos, siempre según la versión de la fiscalía:

-Desde 2011, Juan Carlos Ortiz (imputado en la causa) comenzó a visitar a una anciana y su hijo y se ganó su confianza. Intentó convencerlos de vender su casa a Luis Rubén Reynoso (hijo) pero, como no pudo, comenzaron las amenazas. No sólo les demostró que la familia interesada en el inmueble era poderosa sino que, además, tenía vínculos con la Policía. Finalmente, se lo transfirieron por $ 20.000 que, encima, nunca fueron pagados. Más tarde, avanzaron sobre el resto de las propiedades que madre e hijo tenían para heredar por $ 65.000 que tampoco fueron abonados. Todo quedó documentado.

- En 2014 comienza la relación de confianza con otra de sus  víctimas, Sergio Silva. Ortiz lo convence de comprar una propiedad de los Reynoso (que le habían robado a la anciana y su hijo) pero le dice que, como no le iban a vender a él, se ofrecía a comprarla y después transferírsela. Obtiene $ 100.000 para la operación. Más tarde, le ofrece otra casa y Silva le da $ 80.000 para la seña. Ninguna de las operaciones se concreta. Ante los reclamos de la víctima, recibe una visita en su casa que le pone una pistola en la cabeza y le advierte que no haga la denuncia. Más tarde, lo encierran con un auto y amenazan con matar a su hijo.

- Año 2010. Carlos Horacio Reynoso alquilaba una propiedad a Horlando Piza, con quien existía un vínculo de confianza de larga data.  Decidió dejar de pagarle el alquiler y le avisó que, si alguien intentaba acercarse al lugar, le pegaría un tiro en la cabeza. Como los reclamos continuaron, visitaron a Piza y le balearon la casa. Semanas después, volvieron, para advertirle que lo iban a “quebrajear”. La pesadilla de Piza no terminó ahí. En  2013, otro de los Reynoso se paró en un semáforo a la par de la cuñada del hombre, la apuntó con un arma y le dijo que la mataría si no cesaban en sus reclamos. Dos años más tarde, volvieron a buscarla y, esta vez, apuntaron contra un bebé que su sobrina tenía en brazos. Ella se puso en el medio. Ese mismo día, la fueron a buscar a su casa y la molieron a golpes.

- En enero de 2016, el policía José Augusto Méndez atropelló accidentalmente a una persona allegada a los Reynoso. Ellos se presentaron en el lugar, lo golpearon y le robaron el arma reglamentaria. Le dijeron que no la trate de recuperar porque iban a prenderle fuego la carnicería de su novia. El policía informó del hecho, especialmente del robo del arma. Entonces, en junio, cuando él y su pareja estaban en la Fiesta Patronal de San Antonio, volvieron a buscarlo y, pese a que existía una orden de restricción, lo amenazaron a los gritos delante de todo el mundo. Seis meses más tarde, la pareja volvió a ser amenazada  punta de pistola, esta vez en la puerta de la Unidad Regional Norte.

No sólo casas

Las operaciones para apropiarse de vehículos que se mencionan en la causa son más abundantes y violentas. Muchas se hicieron a través de avisos clasificados: ofrecían vehículos en venta y, cuando aparecía un comprador, los entregaban con la documentación incompleta. Luego lo recuperaban, sencillamente poniéndoles a los compradores un arma en la cabeza. A veces, compraban ellos, no pagaban y conseguían que se complete la transferencia a punta de pistola.

Lo increíble de estas historias de estafa y amenaza es que, en su mayoría, quedaron plasmadas en numerosa documentación, que terminó adjuntada a la causa a modo de prueba. Muchas de las transferencias se hicieron en escribanías, a donde llegaban las víctimas en un estado de indefensión y terror por las amenazas que habían sufrido ellos y sus familiares. Y firmaban todo, a veces, por montos visiblemente irrisorios.

Los miembros

La banda, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, era liderada por Reynoso padre; sus tres hijos Luis Rubén, Gustavo Gabriel y Carlos Horacio; Juan Carlos Ortiz (que aparece en muchos casos como el iniciador de las estafas y también como apretador) y Atilio Alejandro Gazolla. Todos están acusados de amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, estafas y extorsión.
La organización se completa –siempre de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía- con María Ester Bonet, acusada por estafas; Adrián Ernesto Parajón; imputado por robo calificado y José Alfredo Triviño, el único miembro del grupo que espera el juicio en libertad. Los nueve están acusados de asociación ilícita.

La impunidad

La investigación, desde la primera denuncia ante López Ávila, llevó algo más de tres años y logró reunir pruebas abundantes en contra de la organización, especialmente documentales y testimoniales. Los relatos de las víctimas y testigos en la causa dan cuenta de la sensación de pánico que infundían en la ciudad de Tafí Viejo y recuerdan a la forma de accionar del temido Clan Ale que, durante décadas, operó en todo el territorio de la provincia.

¿Cómo puede haber robado, estafado, amenazado y golpeado esta banda, durante tantos años a tantas personas sin que la situación estalle en Tribunales? La Fiscalía tiene una hipótesis bien definida: la impunidad con la que se manejaban proviene de los contactos que estos presuntos delincuentes tenían en la Comisaría de Tafí Viejo Centro; que no sólo “cajoneaba” las denuncias, sino avisaba a los Reynoso sobre allanamientos y medidas en su contra.

Por la cantidad de imputados y de víctimas, la gravedad de los delitos y las posibles conexiones de los supuestos delincuentes con la Policía, el caso se perfila como una verdadera megacausa que, si llega a juicio oral, concentrará la atención de todo Tafí Viejo y, seguramente, de la Provincia.

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