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09/07/2018

Tucumán

CASO FACUNDO FERREIRA

El juez que liberó a los acusados de matar a Facundo Ferreira mantiene a una menor en una comisaría

La Dirección de Minoridad de la Provincia presentó un habeas corpus el jueves ante Víctor Rougés, pero todavía el magistrado no lo resolvió. La menor está desde hace dos meses en una dependencia policial. Piden que pase al Instituto Goretti
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Composición tomada de Radio La Voz

Una menor de edad espera desde hace dos meses en una comisaría de la capital tucumana que la Justicia dé la orden de su traslado al Instituto Goretti, especializado en el alojamiento de mujeres de hasta 18 años privadas de la libertad. Sin embargo, la resolución todavía no llega.

La adolescente, que se encontraba en situación de calle, fue detenida y alojada en la dependencia policial para adultos hace dos meses por orden del Juzgado de Instrucción I hace cerca de dos meses y, desde entonces, permanece en la comisaría.

Ante la gravedad de la situación, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia tomó cartas en el asunto y presentó un recurso de hábeas corpus ante el juzgado de Instrucción V, subrogado por el juez Víctor Rougés. Pese a la urgencia del asunto -y a que la ley le impone la obligación de responder el planteo en un plazo máximo de 24 horas-, el juez no respondió todavía el planteo.

 

"Justicia selectiva"

Rougés es el juez que, el lunes, resolvió rechazar el pedido de detención del policía acusado de haber asesinado al niño Facundo Ferreira (12) de un balazo en la nuca, Mauro Díaz Cáceres. En aquella oportunidad, al magistrado le llevó apenas una hora tomar la decisión, pese a que la fiscal Adriana Giannoni había advertido de la posibilidad de que miembros de la Policía estén planeando un atentado contra la familia de la víctima. El martes, ante un nuevo pedido de la investigadora para detener al otro imputado, Nicolás Montes de Oca, también se inclinó por su libertad en apenas algunos minutos.

Los abogados de Andhes, que también representan a la familia de Facundo Ferreira, consideraron que el alojamiento de la adolescente en una comisaría para adultos vulnera los derechos amparados por el Código Procesal Penal, la Constitución de la Provincia y de la Nación y la normativa de los Derechos Humanos específicas para niños, niñas y adolescentes en situación de conflicto con la ley penal.

Además, aseguran que se trata de un caso de "justicia selectiva", porque la demora en la resolución es responsabilidad del mismo juez que demostró una celeridad de apenas unos minutos en el caso de los policías acusados de homicidio. 

Por ello, el lunes presentarán un recurso de hábeas corpus para que, en lugar del Juzgado de Instrucción comience a intervenir el de Menores. Además, requerirán que la adolescente sea puesta en libertad o, en su defecto, pase a ser alojada en el Goretti, especializado en la atención de mujeres menores de edad en conflicto con la ley.


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